diariolibre.com - 2 days ago

El Ministerio de Medio Ambiente ha titulado en un solo año más de 757 millones de metros cuadrados dentro de áreas protegidas, equivalentes al 80 % de todos los terrenos titulados en el sector. La cifra, confirmada por el viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad, Carlos Batista (Cau), representa un salto institucional y marca el inicio de un proceso sostenido de saneamiento y consolidación del patrimonio ambiental del Estado.Batista adelantó que la próxima fase del proceso de titulación abarcará zonas estratégicas, como Los Haitises y Loma Novillero, donde ya se han iniciado los trabajos técnicos para completar la documentación y transferir oficialmente los terrenos al Estado.“Lo que se ha hecho en un año equivale a lo que se había avanzado en 20, y eso marca un punto de inflexión”, explicó.Recordó que el artículo 31 de la Ley 64-00 obliga a transferir todos los terrenos bajo instituciones autónomas o semiautónomas —como el Instituto Agrario Dominicano (IAD) o el Consejo Estatal del Azúcar (CEA)— al Ministerio de Medio Ambiente, con el fin de garantizar su conservación.“Durante décadas, ese mandato se incumplió. El IAD y el CEA fueron dos de las instituciones donde más se distorsionó la función pública, con procesos de venta, cesión o reparto de tierras sin apego a la ley”, dijo Batista, quien reconoció que parte del retraso en los procesos de titulación se debió a mafias históricas dentro de instituciones del Estado.El funcionario puso como ejemplo las Dunas de Baní, donde durante años se otorgaron constancias, permisos y cesiones en zonas que debieron permanecer bajo control estatal.“Ese es un tema que heredamos, pero que hemos enfrentado directamente”, aseguró.Saneamiento, conflictos y derechos adquiridosLa tarea de sanear los terrenos dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) es compleja y lenta. Según Batista, solo el 40 % del territorio nacional está completamente saneado, y dentro del sistema de parques nacionales persisten múltiples situaciones: terrenos no registrados, títulos privados válidos, constancias ilegales y ocupaciones sin respaldo.“El reto más grande es que muchos de esos terrenos están habitados o cultivados. Saneamiento no significa desocupación. En algunos casos hay personas con derechos legítimos y en otros, ocupaciones sin ningún derecho que deben salir”, explicó.El viceministro subrayó que la línea del ministerio ha sido clara: respetar los derechos adquiridos y actuar con firmeza frente a las ocupaciones irregulares.“No todo el que está dentro de un área protegida es un invasor. Hay personas que heredaron o compraron de buena fe y tienen constancias legítimas. Pero también hay quienes entraron sabiendo que violaban la ley. Cada caso se analiza individualmente”, puntualizó.El proceso incluye una mesa interinstitucional encabezada por el Ministerio de Medio Ambiente, Bienes Nacionales, el IAD, el CEA y la Dirección General de Titulación, bajo la supervisión de la Presidencia de la República.Las prioridades se establecen según la categoría de manejo, comenzando por las reservas científicas y los parques nacionales —las áreas de mayor valor ecológico y sensibilidad ambiental— y avanzando hacia categorías menos estrictas.Bahía de las Águilas y otras áreas costerasEl viceministro destacó que Bahía de las Águilas ya está completamente bajo control del Estado y sin posibilidad de venta o usufructo.“Depositamos una propuesta ante el presidente para fortalecer la gestión conjunta de varias zonas costeras del país —entre ellas Bahía de las Águilas, Playa Blanca, Playa Larga, Guaraguao-Punta Catuano—, porque, aunque son áreas separadas, comparten ecosistemas y una misma vocación de conservación”, explicó.La idea, según Batista, es unificar criterios de manejo y control en ese conjunto de polígonos costeros, respetando las categorías existentes pero asegurando un enfoque común de conservación, vigilancia y uso público limitado.Sobre Bucanyé, el funcionario confirmó que el caso sigue bajo investigación judicial. “Los títulos presentados allí fueron emitidos de manera irregular, y algunos de los involucrados ya habían aparecido en los antiguos litigios de Bahía de las Águilas”, afirmó.Agregó que mientras el expediente continúe en los tribunales, no se puede autorizar ningún tipo de subdivisión ni proceso de titulación individual. “Es un tema que el presidente quiere resolver, pero la ley no lo permite hasta que haya decisión judicial firme”. Sierra de Bahoruco y Valle NuevoAl referirse al inconcluso plan de rescate de Sierra de Bahoruco y Valle Nuevo, explicó que uno de los desafíos más importantes es Sierra de Bahoruco, donde el Ministerio de Medio Ambiente ha formulado un plan de rescate integral pero enfrenta un escenario legal complejo debido a títulos bajo litigio.“En esa zona hay títulos que están siendo revisados por los tribunales, y hasta que eso no se aclare, el ministerio no puede disponer ni intervenir plenamente”, explicó Batista.Las declaraciones del viceministro coinciden con las denuncias publicadas por Diario Libre en enero de 2024, que revelaron la existencia de reclamaciones judiciales por supuestos fraudes millonarios en el parque, donde dos particulares alegan ser propietarios de grandes extensiones dentro del área protegida y han interpuesto demandas de indemnización contra el Estado. Algunos tribunales han emitido decisiones parciales, lo que mantiene el tema bajo investigación y análisis de las autoridades ambientales y judiciales. Armas y drones para proteger los parques Batista adelantó a Diario Libre que por primera vez el Ministerio de Medio Ambiente contará con su propio arsenal institucional.“Ya llegaron 150 escopetas y 50 pistolas traumáticas. Antes dependíamos de armas prestadas por el Ministerio de Defensa, pero ahora serán del Ministerio, bajo control de nuestra Dirección de Seguridad”, dijo.Las pistolas traumáticas serán asignadas a administradores de parques como herramientas disuasivas, mientras que las escopetas se destinarán a supervisores y guardaparques en zonas de mayor riesgo.“Esto nos da capacidad de respuesta y protección, sin depender de terceros”, agregó.A la par, se incorporarán 26 nuevos drones, seis de ellos con cámaras térmicas para detección de incendios y patrullaje nocturno.En las Dunas de Baní, donde ya operan unidades, el uso de drones ha reducido la extracción ilegal de arena y las invasiones.“Con apoyo de la Armada Dominicana hemos logrado un modelo de control territorial que está funcionando y que queremos replicar en otros parques”, afirmó.

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